¿Hacia dónde se dirige el nuevo ERTE? La tercera prórroga del ERTE durante la COVID-19
En diciembre de 2020, cerca de 755.610 trabajadores están acogidos al mecanismo que conocemos como ERTE. De esta forma, miles de empresas y trabajadores han podido disfrutar de protección social y económica para que la crisis del coronavirus no les obligue a cerrar o reducir su actividad de forma drástica.
El Expediente de Regulación Temporal de Empleo se define como un derecho que otorga el Ejecutivo español a los empresarios para que puedan suspender el contrato de sus empleados cuando lo necesiten, por causas causas económicas, técnicas o de producción mientras dure la crisis de la COVID-19.
La prórroga anterior de los ERTE termina el próximo 31 de enero, y esta tercera prórroga abarca, como mínimo, hasta el 31 de mayo. Esto permitirá que se cubra todo el estado de alarma hasta que termine el día 9 de mayo.
La tercera prórroga de los ERTE tras el COVID: nuevas actividades protegidas
La negociación de los ERTE estuvo marcada por un gran consenso, que tuvo una salvedad hacia el final. El 18 de enero se logró un acuerdo de última hora, con el apoyo de la CEOE o la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que sin embargo reclamaba que se quitara la condición de devolver todas las exoneraciones recibidas si una empresa despedía a un solo trabajador.
Al final, el Gobierno consiguió sus propósitos, afirmando que “el apoyo público para financiar ERTE no podía servir para justificar los despidos en adelante”. Esta protección social marca todos los ámbitos del documento, que recoge medidas enfocadas en el bienestar de los trabajadores.
En primer lugar, se añaden seis sectores nuevos que entran en la lista de los ERTE de fuerza mayor. Junto con el transporte, el turismo y el ocio, están las categorías de camping y aparcamiento para caravanas, actividades de mantenimiento físico, alquiler de medios de navegación, fabricación de alfombras, estirado en frío y fabricación de instrumentos musicales.
También se propone que los ERTE puedan prorrogarse sin ningún tipo de autorizaciones administrativas, evitando los costes burocráticos y de gestión, con el objetivo de adelantarse a posibles situaciones adversas derivadas de la situación de la pandemia.
En tercer lugar, se propone que los ERTE por impedimento y por limitación se puedan intercambiar sin dificultades. El primero está destinado a las empresas que no pueden desarrollar su actividad por las restricciones o medidas de autoridades españolas o internacionales. El segundo es aquel que procede de órdenes nacionales para limitar su desarrollo en los centros de trabajo.
En cuarto lugar tenemos la prestación de los empleados, que continúa en la línea proteccionista de la prórroga anterior. De esta forma, los trabajadores afectados por el ERTE tendrán la prestación sin periodo de carencia, en un 70% de la base reguladora, así que no les computará el periodo consumido hasta enero de 2022.
En quinto lugar, se reforzarán las limitaciones en los despidos. Ahora, aparte de devolver las exoneraciones por todos los trabajadores si despiden a uno, las empresas no podrán aplicar horas extra ni externalizar la actividad, subcontratar o llevar a cabo contrataciones nuevas. Por si fuera poco, se mantiene el límite para el reparto de dividendos y la prohibición de radicarse en paraísos fiscales.
La formación continua es un apartado que recibe un cuidado especial, por la importancia que tiene para que los trabajadores puedan reinventar sus habilidades para adaptarse de nuevo al mundo laboral. El Gobierno afirma que ya han disfrutado de formación cerca de un millón de trabajadores, que han podido descubrir cómo incorporar nuevas formas de trabajo en el seno de la empresa para convertirse en empleados estrella.
El nuevo ERTE que dura hasta el 31 de mayo es idéntico al de septiembre, con una serie de cambios para incluir nuevos sectores de actividad y reforzar la protección de los trabajadores. Esta nueva prórroga servirá a los agentes sociales y al Ejecutivo para preparar un nuevo acuerdo de cara al final de la crisis pandémica, para regular la realidad laboral que viene tras la COVID-19.
Hasta ese momento, la labor de los empleados será muy importante para formarse y adquirir conocimientos importantes que les permitan aportar un valor extra en sus empresas cuando vuelvan a sus puestos de trabajo.